Todo ciudadano tiene la obligación ética y legal de notificar a las autoridades los casos de sospecha. Cualquier persona que esté relacionada con el anciano debe prestar atención a los signos y síntomas de maltrato. Los profesionales de la Sanidad y los trabajadores sociales tienen especial obligación de identificar y actuar en los casos con razonable sospecha de maltrato.
Sólo con una mejor información acerca de la frecuencia del problema, esfuerzos multidisciplinarios en la definición e identificación específica de cada caso, y acuerdos sobre tipos de intervenciones podrá lograrse disminuir este problema tan real como oculto.
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